El pasado 23 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 4/2015; para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional un nuevo un modelo de formación de ocupados y parados que sustituye al vigente. Así queda el nuevo sistema de formación de trabajadores.
En la empresa: Formar desde dentro o encargarlo
El nuevo sistema mantiene la denominada hasta ahora formación de demanda o formación bonificada, que es la que realizan las propias empresas para sus trabajadores. Las compañías financian esta formación bonificándose al año siguiente la cuota formativa que abonan a la Segurida Social. El pasado año unas 475.000 empresas formaron a sus trabajadores por esta vía, para lo que se destinaron unos 600 millones de euros.
- ¿Qué empresas pueden acceder a la formación bonificada? Todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector de actividad.
- ¿Cómo financian los cursos las empresas? También se mantiene el mismo sistema de financiación que en la actualidad. Desde el primer día del ejercicio presupuestario, las empresas dispondrán de un crédito de formación, que podrán hacer efectivo mediante las bonificaciones en las cotizaciones empresariales por formación a la Seguridad Social. El importe de este crédito estará en función de lo ingresado por esta cotización el año anterior y de su tamaño: el 50% de lo cotizado para grandes empresas; hasta el 100% de lo cotizado para las pymes y un crédito asegurado de 420 euros al año para las micropymes de menos de cinco trabajadores. Esta última cuantía podrá fijarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
- ¿Deberá la empresa cofinanciar parte de estos cursos? Sí. Como novedad, las empresas de menos de cinco trabajadores deberán cofinanciar con recursos propios el 5% de estas acciones formativas para sus trabajadores. Bien con aportaciones económicas o en coste salarial de las horas destinadas a la formación. El resto de compañías mantendrá la cofinanciación del 10%, si la empresa tiene entre 10 y 49 trabajadores; el 20% si tiene entre 50 y 249 empleados o el 40% para las que tienen más de 249 asalariados.
- ¿Hay un número mínimo de horas de formación para poder utilizar este crédito formativo? Sí, desde ayer este número mínimo de horas que debe impartir la empresa que se bonifique será de, al menos, una hora. En el modelo vigente hasta ayer se exigía un mínimo de seis horas de formación.
- ¿Quién puede realizar esta formación? La propia empresa puede impartirla con medios propios o recurrir a su contratación. Asimismo, podrán optar por encargar la organización de los cursos a una entidad externa. Entre estas entidades pueden estar: organizaciones empresariales o sindicales; estructuras paritarias construidas en la negociación colectiva que cuenten con personalidad jurídica propia –es el caso de las fundaciones laborales de la Construcción o el Metal, por ejemplo–; a asociaciones de trabajadores autónomos o la economía social; o cualquier otro centro privado acreditado e inscrito en el registro que se habilitará para ello. En la actualidad, estos centros deberán estar inscritos en la Fundación Tripartita.
- ¿Se podrá subcontratar la impartición de estos cursos? No. Ni la actividad de organización ni la de impartición podrán ser objeto de subcontratación.
En materia de control, el nuevo sistema incluye una novedad si la empresa decide encargar la organización de los cursos a una entidad externa y es que ésta tendrá responsabilidad solidaria, en el caso de que se cometan infracciones a la hora de la ejecución de los cursos y devolución, si se requiriese, de las bonificaciones.
Cuando se encargue la realización de los cursos a estas entidades externas los costes de organización no podrán superar el 10% de la actividad formativa por lo general. Aunque podrán llegar hasta el 15% para formar trabajadores de empresas de entre seis y nueve empleados y hasta un 20% si hay hasta cinco personas en plantilla.
Oferta subvencionada: El mejor organizador se llevará las ayudas
La otra vía para formar a los trabajadores ocupados seguirá siendo la formación subvencionada. Se trata de programas fundamentalmente sectoriales y transversales que hasta ahora gestionaban e impartían fundamentalmente las patronales y los sindicatos. Aquí se produce uno de los mayores cambios del sistema, ya que desde ayer la obtención de estos fondos (cerca del 20% de los ingresos por cuotas) queda abierta al 100% a la concurrencia competitiva. Esto es, ya no son fondos reservados a los agentes sociales para la gestión e impartición del dinero de los cursos, sino que podrán optar a ellos cualquier centro privado acreditado.
- ¿Quién dirá qué tipo de formación, programas y cursos salen a concurso con financiación pública? La detección de las necesidades formativas, así como su diseño, programación –que a partir de ahora deberá ser plurianual– y difusión se hará con la participación de las organizaciones patronales y sindicales más representativas; y las representativas en cada sector, a través de las estructuras paritarias sectoriales que se constituyan o ya existan. Asimismo, podrán participar las organizaciones más representativas de autónomos y otras “de acreditada experiencia que decidan las autoridades competentes”.
- ¿Cómo se financiará el diseño de estas estrategias plurianuales? Los trabajos de investigación de las necesidades formativas del tejido productivo, las empresas y los trabajadores se financiarán mediante el presupuesto que se asigne a la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (actualmente Fundación Tripartita) o de las administraciones competentes. La distribución de los fondos para este diseño de los programas y la oferta de cursos “se realizará en función de la actividad efectivamente realizada”.
- ¿Cómo se realizarán los concursos para la adjudicación de los cursos? Cuando se comunica la oferta formativa para cada ejercicio, se fijarán módulos de precios/hora por participante, en función del tipo de formación (sectorial o transversal), y según dichos módulos se adjudicará la impartición de los cursos a las ofertas que se ajusten más al precio estipulado.
- ¿Qué incluirá el importe de los módulos? En el importe de estos módulos estarán incluidos tanto los costes directos (profesor, material, etc.) como los indirectos (luz, agua u otras infraestructuras de funcionamiento del centro). Estos últimos costes indirectos no podrán superar el 10% del coste total de la actividad formativa realizada y justificada. En este tipo de formación subvencionada, el nuevo sistema incluye otro cambio importante: desde ayer las Administraciones solo adelantarán el 25% de los fondos públicos antes de empezar la formación. El 35% del coste se abonará una vez se comunique el inicio del curso y el 40% restante, cuando se confirme que ha concluido con éxito.
- ¿Qué tipos de enseñanzas se promoverán hasta que se diseñen las nuevas necesidades formativas? Las competencias transversales prioritarias para 2015, según el Real Decreto aprobado el pasado lunes, será aquellas relacionadas con los idiomas, la ofimática, las tecnologías de la información y la comunicación, los conocimientos financieros y jurídicos, así como todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de las Administraciones.
Desempleados: Llega el ‘cheque formación’
La formación a desempleados, en la que se invierte al menos la mitad de los fondos públicos de formación, seguirá gestionándose desde las comunidades autónomas fundamentalmente. La ejecución de estos cursos también queda abierta a la libre concurrencia, algo que ya se producía en algunas comunidades.
- ¿Qué es el cheque formación? Se trata de la principal novedad del sistema a la hora formar a los desempleados. Las comunidades autónomas podrán optar como alternativa a las convocatorias de subvenciones por ofrecer a los parados un cheque formación, que les permitirá escoger el centro donde realizar el curso asignado.
- ¿Quién diseñará esta oferta de cursos? Las Administraciones Públicas competentes, con informe preceptivo y no vinculante de las patronales y los sindicatos.
La clave del éxito está en lo que aún queda por hacer
El Gobierno no consiguió el respaldo de la patronal y los sindicatos para aprobar este nuevo sistema de formación. El hecho de que el nuevo modelo les obligue a competir con toda clase de centros privados para obtener estas subvenciones en concurrencia competitiva les ha puesto en pie de guerra, sobre todo a los empresarios. Sin embargo, tras la aprobación del real decreto el viernes y su entrada en vigor ayer, la patronal no se ha quejado muy alto.Según distintas fuentes, “el consenso es mayor del que parece”. Es más, en el desarrollo reglamentario que aún queda por hacer se podrían incluir algunas de las demandas de los agentes sociales. Dependerá también de estos desarrollos reglamentarios el éxito del nuevo modelo formativo.
Fuentes del sector llaman la atención sobre dos cuestiones aún por concretar:
- Cómo va a ser la inscripción de los centros privados acreditados y, sobre todo, qué exigencias se les van a poner para poder optar a la adjudicación de subvenciones.
- En segundo lugar, la otra cuestión de la que dependerá la buena implantación del sistema será la propia organización de las convocatorias que saquen a concurso las subvenciones.
En este punto, además de los criterios de estas convocatorias, será clave su diseño. “Porque si no se prima una formación que ayude a cambiar el tejido productivo y se siguen financiando cursos masivos de inglés e informática, el cambio no habrá servido de nada”, indica un directivo patronal.Así, los trabajos de prospección de las necesidades formativas tanto de las empresas como de los trabajadores ocupados y parados, así como de la actividad productiva en general deberán ser “detallados y profesionales”. Ese es el papel que el Gobierno le ha reservado a los agentes sociales, después de eliminar la reserva de subvenciones que les garantizaba el anterior modelo de formación.
Una tercera cuestión que aún no se ha puesto en marcha es la referida al control de los cursos, tanto de su financiación, como de su ejecución.
El Gobierno ha anunciado varias herramientas para mejorar la lucha contra el fraude en esta materia, que se ha cobrado miles de millones de dinero público. De momento, la Inspección de Trabajo tiene encargada la creación de una unidad especializada con técnicos específicos para esta materia. Asimismo, ha endurecido las sanciones para los incumplidores.
Pero no se trata solo de impedir el fraude, sino de tratar de conseguir que la formación que se da sea de calidad y que sirva para algo. En este punto, aún está también por ver si las Administraciones Públicas y entidades externas utilizan la posibilidad que les da la nueva norma de emplear hasta el 5% de los fondos que gestionen a controlar la calidad de la formación que se imparta.
De cómo se resuelvan estas incógnitas dependerá que la próxima encuesta de evaluación del sistema amplíe la cantidad de personas que aseguran haberles servido de algo hacer un curso con dinero público. Ahora a siete de cada diez no les ha resultado útil.
Visto en Visiona Formación
Más Información en: eProform (Desenredando la FPE) ; cincodias.com (Así se formarán los trabajadores)
